¿Qué Estado modernizamos?

Jaime Lindh

Toma fuerza la idea de adaptar al Estado de Chile a los nuevos tiempos. El desafío es avanzar hacia un Estado capaz de proveer bienes y servicios públicos de manera efectiva y eficiente. Esta idea, latente en la discusión pública durante años, se ha revitalizado en los últimos días tras la presentación del libro “Un Estado para la Ciudadanía” del Centro de Estudios Públicos; también, por el seminario organizado por la Universidad del Desarrollo y la Sofofa; y, sobre todo, al estar entre las prioridades declaradas del gobierno entrante.

Hay varias señales, por lo tanto, apuntando a que el país enfrenta una oportunidad única para volcarse a pensar en cómo mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de una mejor gestión pública. Por ello, es una excelente noticia que el gobierno esté decidido a impulsar esta agenda, vital para el desarrollo a largo plazo del país. Sin embargo, dada la complejidad de aunar voluntades en torno a cualquier reforma del Estado, es fundamental que la agenda de modernización converse con el actual proceso de descentralización del país, conversación que aparentemente no está ocurriendo.

La búsqueda de mayores competencias y recursos para los gobiernos regionales no tiene como fin último la mera cesión de poder, sino que una gestión pública más cercana a las necesidades de las regiones y, en consecuencia, a las personas que residen ahí. Pese a aquello, la discusión en torno a la modernización se ha enmarcado de forma independiente al proceso de descentralización, lo cual es contra intuitivo dado los objetivos que persigue: agilizar y mejorar la capacidad de adaptación de la administración del Estado.

Es incuestionable el gran aporte que representan las propuestas del libro “Un Estado para la Ciudadanía”. No obstante, es complejo visualizar un Estado realmente moderno omitiendo los roles actuales y potenciales del gobierno regional y comunal en la vida de las personas. ¿Cómo desarrollar una mayor coordinación de la inversión pública en regiones entre el CORE, los servicios públicos y los ministerios? ¿Cómo aprovechar la representación del futuro gobernador electo en el diseño de políticas relevantes como la infraestructura vial e hídrica? ¿Cómo desarrollar capacidad de evaluación ex ante en la intendencia en cuanto a los proyectos locales que financia? Estas son algunas de múltiples interrogantes, en donde una mayor disponibilidad de recursos y un mejor control y transparencia son aspectos necesarios para lograr mayor eficacia y eficiencia en la administración regional.

En definitiva, sería una paradoja emprender este camino sin considerar la posición estratégica de los gobiernos subnacionales al estar más cerca de las personas.